En la dogmática del notariado de tipo latino, el instrumento público descansa sobre el principio de matricidad: el acto o hecho jurídico se redacta, otorga y autoriza en un documento original denominado escritura matriz o acta, el cual permanece encuadernado y custodiado de manera perpetua dentro del protocolo a cargo del notario y, ulteriormente, del Estado a través del Archivo General de Notarías o Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos.
De esta distinción estructural emanan dos manifestaciones de la fe pública notarial que todo estudioso del Derecho debe diferenciar con rigor técnico:
En las treinta y dos leyes del notariado de las entidades federativas mexicanas —incluida la Ley del Notariado del Estado de Jalisco—, los elementos formales de autorización del instrumento son de derecho estricto: la firma autógrafa (o firma electrónica notarial en los regímenes de protocolo digital) y el sello de autorizar registrado ante la autoridad ejecutiva estatal y el Archivo de Instrumentos Públicos.
En consecuencia, desde la teoría de las nulidades del instrumento público:
En la práctica forense y académica suele confundirse el alcance de las distintas herramientas tecnológicas que hoy convergen en la función notarial. La siguiente matriz delimita su fundamento, objeto y efecto probatorio:
Para los profesionistas del Derecho y aspirantes al ejercicio notarial, el despliegue de herramientas como el Sello Digital Notarial y los lectores biométricos tiene una repercusión directa en el régimen de responsabilidad civil y administrativa del fedatario.