1. El Régimen Notarial de Prevención de Lavado de Dinero
La fe pública notarial no opera en el aislamiento; constituye la primera línea de defensa del Estado mexicano en la preservación de la seguridad financiera y fiscal. Conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), los fedatarios desempeñan el papel de intermediarios profesionales (gatekeepers), obligados a verificar la identidad real de las partes y el origen lícito de los fondos.
2. El Estándar del Beneficiario Controlador
Tras las reformas sustantivas al Código Fiscal de la Federación (CFF), las personas morales, fiduciarias y notarios deben identificar fehacientemente al Beneficiario Controlador (UBO). Se consideran como tal:
- Quienes directa o indirectamente obtienen el beneficio final o ejercen derechos de uso, goce o disposición sobre los rendimientos o patrimonio de la persona moral.
- Quienes directa o indirectamente ejercen el control efectivo de la persona moral (representación mayoritaria, derecho de veto o designación de consejeros).
Restricción Absoluta de Efectivo
En operaciones de adquisición o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles, el umbral de restricción al uso de monedas, billetes y metales preciosos opera a partir de 8,025 UMAS. Cualquier instrumento que rebase dicho monto liquidado en efectivo es nulo y sujeto a sanciones severas.
3. Integración del Expediente Único de Identificación
Las notarías deben custodiar por un mínimo de diez años el expediente de debida diligencia, incluyendo identificación oficial cotejada en línea (INE/Renapo), constancia de situación fiscal SAT, comprobante de domicilio reciente y la declaración bajo protesta de decir verdad sobre la existencia o inexistencia de beneficiario controlador.