El notariado mexicano es un sujeto obligado de primer orden en el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Este documento condensa los criterios de la Revista Escribano relativos al estándar del Beneficiario Controlador (artículos 32-B Quáter a 32-B Sexies del CFF), los umbrales de restricción de uso de efectivo en transmisiones de dominio y la integración del expediente de debida diligencia.
La fe pública notarial no opera en el aislamiento; constituye la primera línea de defensa del Estado mexicano en la preservación de la seguridad financiera y fiscal. Conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), los fedatarios desempeñan el papel de intermediarios profesionales (gatekeepers), obligados a verificar la identidad real de las partes y el origen lícito de los fondos.
Tras las reformas sustantivas al Código Fiscal de la Federación (CFF), las personas morales, fiduciarias y notarios deben identificar fehacientemente al Beneficiario Controlador (UBO). Se consideran como tal:
Las notarías deben custodiar por un mínimo de diez años el expediente de debida diligencia, incluyendo identificación oficial cotejada en línea (INE/Renapo), constancia de situación fiscal SAT, comprobante de domicilio reciente y la declaración bajo protesta de decir verdad sobre la existencia o inexistencia de beneficiario controlador.
Quienes directa o indirectamente obtienen el beneficio final o ejercen derechos de uso, goce o disposición sobre los rendimientos o patrimonio de la persona moral.
Quienes directa o indirectamente ejercen el control efectivo de la persona moral (representación mayoritaria, derecho de veto o designación de consejeros).