La transformación digital de la justicia mexicana ya no puede medirse contando computadoras en los tribunales o preguntando si una institución tiene una página web. El cambio relevante ocurre cuando una persona puede identificarse jurídicamente a distancia, presentar una promoción, recibir un acuse confiable, consultar su expediente, recibir una notificación con efectos procesales y participar en determinadas actuaciones sin que el soporte electrónico reduzca sus derechos.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) coloca la justicia digital dentro del modelo procesal nacional. Su texto vigente reconoce sistemas de justicia digital, procedimientos en línea, expedientes electrónicos, promociones digitales, firma electrónica avanzada, comunicaciones y notificaciones electrónicas y audiencias virtuales. La aplicación territorial del Código, sin embargo, es gradual.
El CNPCF adopta principios que superan el uso instrumental de la tecnología. Los procedimientos en línea deben observar criterios de elegibilidad, equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y seguridad de la información:
No existe un único “sujeto obligado”. Las responsabilidades están distribuidas entre legislaturas, poderes judiciales, órganos de administración judicial y juzgados. Con corte a noviembre de 2026, el texto oficial vigente del CNPCF fija como fecha límite nacional el 1 de abril de 2027. El 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que propone ampliar este plazo hasta el 1 de julio de 2031; no obstante, al encontrarse pendiente de dictamen en el Senado, no constituye derecho vigente.
Jalisco representa un caso pionero de despliegue tecnológico previo a la aplicación plena del CNPCF, sustentado en el Decreto 28327/LXII/21 y los acuerdos del Consejo de la Judicatura del Estado:
La modernización procesal impacta directamente la actividad notarial y registral en México. Los fedatarios públicos actúan como garantes de legalidad y auxiliares de la justicia en procedimientos no contenciosos: