Durante más de un siglo, la seguridad del tráfico inmobiliario en México descansó sobre objetos físicos difíciles de imitar: papel timbrado, sellos de goma o metal registrados ante el gobierno estatal, tinta indeleble, hologramas metalizados y la rúbrica autógrafa del notario público. Sin embargo, el abaratamiento de las tecnologías de impresión de alta resolución y la sofisticación del crimen organizado patrimonial abrieron una grieta inesperada en el mercado de bienes raíces.
El fraude inmobiliario contemporáneo rara vez ocurre dentro de una notaría; ocurre simulando haber pasado por una. Bandas especializadas falsifican testimonios completos, poderes notariales supuestamente otorgados en otra entidad federativa o cartas de instrucción bancaria para cancelar hipotecas sobre inmuebles que siguen gravados, presentándolos ante compradores de buena fe o ventanillas registrales saturadas.
Que Jalisco sea la primera entidad federativa en desplegar a gran escala el Sello Digital Notarial (SDN) mediante convenio entre el Ejecutivo encabezado por Pablo Lemus Navarro, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) no es casualidad: responde al peso específico de su mercado hipotecario y registral dentro de la Macro-Región Centro-Occidente.
De acuerdo con cifras expuestas por la dirigencia nacional y estatal del notariado, en Jalisco se tramita cerca del 40% del volumen nacional de cancelaciones de hipoteca de determinadas carteras bancarias y financieras. Cada liberación de gravamen exige que un banco emita una carta de instrucción a un notario, que el fedatario redacte el instrumento de cancelación y que el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) tome razón en el folio real.
Uno de los puntos técnicos más relevantes del modelo adoptado en Jalisco es el rechazo a los códigos QR públicos convencionales. Cuando un documento oficial utiliza un código QR abierto que cualquier teléfono puede dirigir a una página web pública, los falsificadores simplemente compran un dominio de internet con un nombre casi idéntico al gubernamental y montan una página espejo que dice «Documento Válido».
El Sello Digital Notarial (SDN) resuelve esta vulnerabilidad operando bajo un esquema de entorno cerrado similar al timbrado fiscal del SAT: