El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) reconfigura la intervención notarial en México al otorgar plena fuerza de cosa juzgada a los convenios de mediación y liquidaciones patrimoniales formalizados en instrumento público. Este artículo examina los plazos de vigencia, las facultades de los fedatarios públicos en materia de jurisdicción voluntaria y los requisitos formales para evitar reposiciones procesales.
La promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representa la mayor transformación del derecho procesal en México en las últimas cuatro décadas. La transición hacia el modelo oral civil y familiar no sólo impacta al foro judicial, sino que sitúa al Notariado Mexicano como un pilar imprescindible para la descongestión jurisdiccional mediante la tramitación de actos no contenciosos.
Conforme a los lineamientos abordados recurrentemente en la Revista Escribano del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, los principales ejes de actuación notarial abarcan:
Para la instrumentación adecuada en cada una de las 32 entidades federativas, los colegios estatales han promovido mesas de armonización normativa. La coordinación entre los registros públicos de la propiedad y las notarías resulta vital para garantizar que las matrices notariales cumplan con los estándares de interoperabilidad digital previstos en los transitorios del ordenamiento nacional.
Radicación y tramitación de sucesiones testamentarias e intestamentarias: Procedimiento ágil siempre que no exista controversia entre herederos mayores de edad o incapaces legalmente representados.
Convenios de liquidación de sociedad conyugal y partición patrimonial: Certeza registral directa en inscripciones inmobiliarias.